Los Medios en Nicaragua 2010

Medios privados, función pública y libre mercado

Eloísa Ibarra

Históricamente, los dueños de los medios de comunicación privados en Nicaragua han defendido su espacio de acción bajo el criterio de propiedad privada en la que el Estado y las audiencias no deben intervenir porque hacerlo se considera un atentado a la libertad de prensa y a la libertad de empresa.

Los dueños de los medios de comunicación privados, ante el dilema del servicio público que deben prestar y el sistema de propiedad privada que ejercen, no han logrado poner en primer lugar el interés común sobre el particular, aunque si han defendido la difusión de información estatal como una forma de hacer transparente lo público, pero no lo privado.

Los medios privados, con mayor énfasis los periódicos, han defendido la libertad de prensa y de empresa como un derecho fundamental que debe respetar el Estado, con la no intervención en ninguna de sus esferas de acción. Éste principio ha irradiado a la televisión y a la radio.

Es así que los medios privados han operado bajo los principios de la libertad de empresa y el libre mercado. Sin embargo, en los últimos días, a raíz de la venta de Canal 8 que hiciera su dueño privado, Carlos Briceño se han alzado voces del periodismo que exigen conocer los detalles de la transacción (quiénes son los nuevos dueños).

Briceño, quien haciendo uso de su libertad individual como dueño de Canal 8, informó que la venta se realizó a través de un contrato de confidencialidad. Dicho principio es muy estilado por los empresarios aquí y en todos los países con sistemas capitalistas, donde la mayoría de las transacciones comerciales se hacen a través de sociedades anónimas.

En el caso de Canal 8, la exigencia de conocer los detalles de la transacción es coyuntural porque en la última década debido a problemas económicos, propietarios pequeños han vendido decenas de frecuencias de radio, lo que ha cambiado el espectro radioeléctrico de forma desapercibida, sin que se alcen voces contra la concentración que han conseguido a través de transacciones privadas los empresarios de COASA, dueños de Canal 2 y RATENSA dueños de Canal 10.

Obviamente, la radio no representa el poder y la hegemonía de la televisión que se ha transformado en el medio más utilizado por los ciudadanos para informarse y entretenerse y para los grupos de poder político y económico en el medio más efectivo para llevar sus mensajes, mercadearse y mercadear sus productos y crear estado de opinión sobre determinados temas de interés económico y político, ya sea personal, grupal, partidario o comercial.

La exigencia para conocer los pormenores de la transacción, se basa en que Canal 8, supuestamente, fue vendido a un grupo económico ligado al gobierno, y que por lo tanto eso constituye una amenaza al clima de la libertad de prensa, cuyo depositario es el pueblo, no los periodistas.

Quienes consideran que la venta de Canal 8 por parte de Briceño debe ser un tema de debate público, estarían abriendo un capítulo nuevo y diferente en el accionar de los dueños de medios de comunicación privada y cabe preguntarse ¿están los dueños de medios privados (periódicos, televisión y radio) dispuestos a que sus decisiones como empresarios privados (compra – venta de sus acciones y bienes) sean sometidos al escrutinio público para conocer si la transacción deviene en un monopolio?

Mi respuesta es que quienes hoy exigen de forma coyuntural conocer los detalles de la transacción, han entrado a un terreno peligroso, cuyas consecuencias aún no han sido analizadas y valoradas en su verdadera dimensión.

Sin embargo, esa posición esa saludable para las audiencias que deberían retomarlo como el primer paso para que los dueños de los medios privados comiencen a ver la información como un bien público que no debe ser manejado con carácter de privado y como un privilegio otorgado a quienes piensan parecido al dueño del medio de comunicación.

Por ahora, los medios de comunicación privados y estatales funcionan bajo las reglas del libre mercado y libre competencia de venta, donde el destinatario final del producto (información, mensaje) es la audiencia que debería recibir un producto de calidad y balanceado, lo cual no se cumple.

Los temas de la libertad de prensa, el monopolio de los medios, ya sea en manos de privados o del Estado, debe ser objeto de un debate de altura, visto más allá de intereses personales o de grupos golpeados por las circunstancias.

Ese debate debería de implicar el crear un marco jurídico especial para que los medios de comunicación no se rijan por el libre mercado y la libre competencia, sino por los principios del interés general.

Bajo ese otro marco legal, toda transacción que implique el traspaso o cambio de dueño de un medio de comunicación (periódico, televisión o radio), sea privado o del Estado debería de ser objeto, no sólo, de debate público, sino de un permiso especial, pero sobre todo debería de ser objeto de debate público el contenido de los programas y las informaciones porque las audiencias tienen el derecho constitucional de conocer los ángulos buenos y malos de los actores de los hechos.

Lamentablemente, los ciudadanos tienen que buscar información de un extremo a otro para poder formarse un mejor criterio de los acontecimientos, porque la información sigue siendo un privilegio privado en manos del dueño del medio sea privado o estatal.

Mientras tanto, las audiencias aún no se atreven a exigir legalmente el derecho a recibir información veraz, como sucedió por primera vez en Costa Rica, durante el debate del TLC cuando dos ciudadanos recurrieron de amparo contra el diario La Nación para reclamar el derecho constitucional a recibir información veraz en torno al tema antes de votar en el referendum.

Los ciudadanos recurrieron contra La Nación por considerar que no informaron con veracidad sobre una marcha contra el TLC, lo cual violaba el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y fidedigna.

Con el permiso de Eloisa Ibarra